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Banco Sabadell deberá devolver a un cliente de Alicante todos los gastos hipotecarios

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Banco Sabadell

El juzgado nº 5 Bis de Alicante considera que es nula la clausula de gastos de Banco Sabadell

En Alicante, otro revés jurídico se ha llevado Banco Sabadell, otra sentencia negativa sobre gastos de formalización de hipoteca. En Alicante, se ha condenado a Banco Sabadell a la devolución integra de los gastos de formalización de hipoteca de un hipotecad defendido por el despacho ADS ABOGADOS.

Banco Sabadell deberá devolver al afectado por los gastos hipotecarios la totalidad de lo que abono en su día, a lo que hay que sumar los intereses y costas del proceso judicial. Despachos especializados en derecho hipotecario como ADS Abogados Bancario, ponen a disposición de los afectados por los gastos hipotecarios calculadoras de gastos de hipoteca, así el afectado por el banco puede saber cuanto puede recuperar.

Las reclamaciones de gastos de hipoteca en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana, se han disparado con la aparición de sentencias de gastos de hipoteca positivas como esta obtenida por ADS Abogados, el Tribunal Supremo dictamino que la estipulación de gastos hipotecarios es nula, y como es normal los juzgados la están aplicando.

Jurisprudencia sobre gastos hipotecarios, garantía para los consumidores

Simplemente están cumpliendo con la Sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del 2015, que a su vez se basa en otra del TJUE de enero de 2014, y que afirma sea cual sea la entidad, no solo BBVA, el banco es quien debe asumir todos los gastos hipotecarios, no el consumidor. Así en casos como el reflejado Banc Sabadell tiene que abonar los gastos

En el caso expuesto, el juez confirma la obligación de devolver los tributos
La parte demandante tacha de abusiva la estipulación referida a la imposición al adherente del pago de tributos. Sobre esta cuestión se pronuncia la Sección octava de la Audiencia Provincial de Alicante, que en su Sentencia de 4 de noviembre de 2016 (ROJ: SAP A 3066/2016ECLI:ES:APA:2016:3066 ), establece en su fundamento jurídico octavo “[…]lo relevante, desde la perspectiva del carácter abusivo, es la amalgama, sin distinción, y sin orden ni concierto, que contiene la cláusula: un auténtico amasijo de gastos, de muy variada naturaleza (tributarios o fiscales, registrales, notariales, seguros, de correo…), que se imputan a la parte deudora o prestataria, prescindiendo de la concreta normativa que así lo pudiera establecer; incluso, en la mayor parte de los casos, se trata de gastos futuros, inciertos, definidos en términos absolutamente generales. El carácter abusivo deviene, por tanto, de la absoluta indefinición, de la ausencia de distinción entre gastos y tributos que puedan incumbir a una u otra parte, permitiendo (o intentándolo apriorísticamente) la derivación universal de todos ellos, con independencia de su origen o causa, al consumidor. Desde luego, y sin necesidad de cláusula alguna, producido que sea alguno de los gastos previstos en aquélla, habrán de corresponder a quien la disposición legal concreta de aplicación establezca. Subyace en la cláusula una intención de imputar al deudor cualquier gasto que pueda tener relación con el contrato, o con su devenir. Y no nos parece dable imputarlos, de esa forma tan genérica y arbitraria, al consumidor, abstracción hecha de las circunstancias fácticas y legales que ocasionen el gasto, pues ello podría permitir a la entidad bancaria, en ejecución de la cláusula, cargarlos en la cuenta del cliente, incluso cuando dichos gastos pudieran ser de cuenta de la misma”.

La cláusula quinta impone expresamente al prestatario en reiteradas ocasiones el pago de “impuestos” y de los“tributos”.Estas previsiones genéricas y amplias denotan la voluntad del banco de atribuir al consumidor cualquier tributo, sin atender a la individualización del sujeto pasivo fijado por normativa vigente. Esta forma de proceder resulta abusiva por producir un quebranto flagrante de la buena fe y provocar un desequilibrio patente entre el profesional y el consumidor, que coloca al prestatario en clara situación de inferioridad. Todo ello determina que la previsión deba de tacharse de abusiva.

Por lo que se refiere al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe atenderse a la regulación sectorial. En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, dispone en su artículo 8.d) que “Estará obligado al pago del Impuesto a título de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario […] En la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el prestatario”.

Esta previsión debe completarse con lo dispuesto en el artículo 29 del mismo texto, que al especificar al sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados, indica que “será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. Por su parte, la normativa de desarrollo sigue el mismo criterio, puesto que el artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, después de reproducir lo dispuesto en el artículo 29 antes citado, añade que “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”. En la misma línea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ratifica reiteradamente este criterio, pues considera que “en cualquier caso, la unidad del hecho imponible en torno al préstamo produce la consecuencia de que el único sujeto pasivo posible es el prestatario”(fundamento jurídico cuarto, STS, Sala 3ª, de 20 de enero de 2004).

A juicio de este Tribunal, las previsiones legales son claras y de plena aplicación al supuesto de autos. Se trata de normas imperativas, que atienden específicamente al caso enjuiciado. Por tales razones, la obligación del prestatario de hacer frente al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados resulta perfectamente válida y debe cumplirse, a tenor de la Ley.

ADS Abogados especialistas en Gastos Hipotecarios

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