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José Adolfo Vedri tras prestar declaración por el 'caso Taula'

El juez Víctor Gómez, magistrado-instructor que lleva aquellos trámites que provienen de la Operación Taula, por solicitud de las defensas, decidió llevar a cabo una orden judicial para evidenciar si la Guardia Civil forjo el pinchazo telefónico, que dio a conocer de qué manera el grupo municipal popular dentro del Ayuntamiento de Valencia, supuestamente blanqueó unos 50.000 euros durante los referéndums autonómicos y municipales del año 2015.

Las defensas de los concejales tendrán la oportunidad de designar al perito que se encargará de elaborar el informe; además, el juez convocó a las partes en el mismo juzgado, con el fin de efectuar la prueba el miércoles 8 de Noviembre desde las 12:00 del mediodía.

De esta forma se refleja en una resolución anunciada a las partes el lunes, a través de la cual, el juzgado acepta la diligencia pericial que fue simultáneamente propuesta en numerosos escritos por parte del grupo de defensas coordinado por el abogado de la secretaria del grupo, José María Corbín, quien supuestamente entregó la cantidad de 500 euros, además de Mari Carmen García-Fuster y Rita Barberá, el cuñado de la ex alcaldesa de la ciudad de Valencia.

Un perito evidenciará si la UCO fraguó un montaje contra Barberá

Dentro de la misma resolución, el juez decidió anexar a la causa el informe de la Guardia Civil acerca de garantías técnicas en el sistema de intercepción de las telecomunicaciones, al igual que los alegatos de la Fiscalía Anticorrupción.

Su propósito consistirá en que el perito, quien podrá acceder a la información de la copia en soporte informático concernido y obrante dentro de este juzgado, en el cual se encuentra la grabación, pero sin poder acceder a su contenido, tendrá la posibilidad de realizar pruebas requeridas concernientes al sistema de certificación digital.

A través de la diligencia, las defensas tratan de anular una de las pruebas principales del fragmento apartado del caso Taula, la cual es investigada por la caja B del PP municipal: la llamada que realizó a su hijo, María José Alcón, la ex concejala, donde revela el supuesto blanqueo mediante la técnica del pitufeo.

Dicha prueba resultó esencial para que el Tribunal Supremo decidiera convocar a Barberá, en calidad de imputada, aunque esta pereció algunos días más tarde por problemas hepáticos.

Tras la denuncia de Corbín y el resto de defensas, en relación a que la Guardia Civil ocultó que Alcón se encontraba ingresada en una clínica psiquiátrica en el momento en que realizo la llamada, la ex concejala se sometió a una denuncia judicial. Al contrario, los peritos establecieron que al realizar la exploración, Alcón estaba orientada y su inteligencia, al igual que su  voluntad, se encontraban dentro de los medidas normales.

El informe forense contenía que mientras Alcón estuvo internada le permitieron hablar media hora por teléfono por las noches, y aparte de llamar a su hijo, habló telefónicamente con Barberá. Fue así, que la Guardia Civil logró interceptar la llamada donde surgió el supuesto blanqueo del 15-A de 2015, a las 09:30pm, de modo que tal llamada tuvo lugar mientras tenía permiso de utilizar su teléfono.

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